El período
batllista
“...
el Uruguay... en el primer cuarto del siglo fue repatriando sin pausa su deuda
externa mientras que todo el cerco de garantías se completaba con la política
de nacionalización de los servicios públicos que es uno de los timbres de
orgullo del Batllismo. Si ya antes de él y durante la década del noventa habían
sido preservados para el país el Banco Hipotecario (1892) y el Banco República
(1896), fue el impulso batllista el que completó la obra y rescató lo
rescatable. Contra muchas reticencias internas, contra presiones
internacionales, cautas pero evidentes, se nacionalizaron totalmente el Banco
de la República (1906-1911), el Hipotecario (1912), se estableció el monopolio
de los seguros más importantes y se organizó su Banco (1911), se estatizaron
los servicios del Puerto (1916), se crearon los ferrocarriles del Estado
(1912), pasaron a manos públicas los servicios de energía eléctrica (1912), los
telégrafos (1915), se planteó la orientalización del cabotaje (1912) y se
proyectó –desde los primeros años del Batllismo- la nacionalización y el
monopolio estatal del alcohol, el tabaco y las aguas corrientes. Hacia el final
del primer tercio del siglo se formó (no sin resistencia batllista en cuanto a
su carácter mixto y privatista) el Frigorífico Nacional (1928) y fue la
Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (1931) la última gran
expresión del período que fenecía.”
(Real de Azúa, Carlos – “El impulso y su
freno” Ed. Banda Oriental. Uruguay, 1964. p. 23)
“Sea ha hecho referencia a la industrialización. Todo el curso del Batllismo
sería virtualmente inexplicable sin esta pieza fundamental. Ya las leyes de
1875 y 1888, reaccionando contra el librecambismo de 1860 había echado sus
bases y le habían impreso las características previsibles; industrias livianas,
de consumo, de las llamadas ‘tradicionales’ en la terminología desarrollista.
Solo más tarde, las dos guerras mundiales serían las que lo impulsarían
sustancialmente y esto con todas las limitaciones imaginables en un pequeño
mercado consumidor y de baja capacidad de exportación. Es difícil negar, con
todo, los empeños que en el entremedio velaron por ese proceso industrializador
y la cuidadosa atención que el Batllismo le prestó. A ella debe imputarse la
promoción (...) de una clase obrera estable y básicamente integrada en la
sociedad global del país. También el ensanchamiento de la habilitación técnica
que representaron ciertas formas de fomento educacional, una nueva organización
de la enseñanza industrial (1916) y, en general, el designio de una auténtica
difusión de los estudios. Todos estos avances constituyeron tal vez los rubros
menos deliberados pero de más largos y amplios efectos; no podría discutirse
sin embargo que la clave de esa industrialización, que no es injusto llamar
batllista, fue la política aduanera proteccionista -...- las relativamente
tardías leyes de privilegios industriales (1919 y 1921) y ciertas medidas
fiscales, entre las que resultaron fundamentales las normas de 1906, 1911 y
1912 –especialmente las de este último año- sobre franquicias a materias primas
y máquinas.”
(Real de Azúa, ob. cit. p. 24)
“... la tarea educacional de esos años, que fue, en buena parte, obra batllista
y que se orientó, como más arriba decía, en el sentido de universalizar
efectivamente la enseñanza. Las escuelas nocturnas para adultos (1906), los
liceos departamentales (1912), el Liceo Nocturno (1919), la Universidad de
Mujeres (1921) participan de un propósito que se une espontáneamente con la
extensión del principio de gratuidad –implantado en las leyes Varela-Latorre de
1877 para la etapa escolar, extendido en 1916 para la media y superior- y con
el de laicidad, consolidado en 1909. Aquellas instituciones, estos principios
(sobre todo si se les agrega el de la obligatoriedad escolar, también de 1877),
caracterizan nuestra educación. Pero además señalan la fidelidad con que el
Batllismo recogió su inspiración tradicional, su veta iluminista, su profunda
fé en la cultura intelectual como factor de movilidad social ascendente aunque
también (sería un matiz diferencial con los admirados Estados Unidos) el ‘tope’
–así hay que llamarlo- ‘mesocrático’ de esa movilidad.”
(Real de Azúa, ob. cit. p. 25)
“La ley de ocho horas (1915), el descanso semanal (1920), la prevención de los
accidentes del trabajo (1914), la ‘ley de la silla’ (1918), la del trabajo
nocturno en las panaderías (1918), los salarios mínimos a los trabajadores
rurales (1923), a los empleados públicos (1925), y a los que trabajan en obras
públicas (1927), podrían ser medidas irrelevantes, insignificativas, sobre todo
si se nota al registrar los textos de la época, la ausencia de una legislación
general de salarios, de indemnizaciones por despido, de organización sindical,
de huelgas, de vacaciones, de conciliación de conflictos de trabajo, de
contratos individuales y colectivos,
de
desocupación, de protección general a los menores. Pero todavía serían más si
se obviara el claro apoyo que desde su primer período prestó Batlle a las
actitudes combativas del proletariado organizado de Montevideo, su desusada
decisión de mantener la neutralidad de las fuerzas del orden en el caso de
huelgas violentas, su convicción en la necesidad de lucha y regateo para llegarse
a una conciliación de clases que respetara los intereses de todos y salvara los
fuerzas antagónicas -pero no irreconciliables para él-, del trabajo y del
capital.
Si así se perfilaba en lo social, económicamente, el Batllismo buscó un
desarrollo nacional basado en las ya apuntadas corrientes de industrialización
y ensanchamiento de la gestión productora del Estado, expresión esta última
-como casi todas las que siguen- de la marcada, deliberada voluntad del poder
público de intervenir en la inversión del excedente nacional. Pero también ese
desarrollo implicaba la modernización y diversificación productiva de la
tierra, para las que propició un sistema, en verdad incipiente, de crédito y
fomento rural (la sección correspondiente del Banco de la República fue
establecida en 1912), terapéuticas fiscales a las que enseguida se aludirá,
proyectos y leyes de colonización (desde 1913), la organización de la Defensa
Rural, la de las Estaciones Agronómicas (1911), (con la famosa ‘Estanzuela’
(1919) entre ellas), y el tanteo metódico de otras posibilidades productoras
del sector primario, que tal representaron los Institutos de Pesca (1911) de
Geología, de Química (1912).
Pero lo que daría, en puridad, su sello a la gestión promocional económica del
Batllismo sería su enérgica política de obras públicas, en la que hay que
inscribir la ley de Vialidad de 1905, una orgánica ley de expropiaciones
(1912), el Ente de los ferrocarriles del Estado y un largo rol de obras de toda
especie, de un cabo al otro del país.”
(Real de Azúa, ob cit. pp. 27, 28)
“... las jornadas de trabajo, en general eran superiores a las ocho horas y los
gremios que habían logrado esa conquista (Carpinteros de Obra Blanca,
Albañiles, Sastres, etc.), tuvieron enormes dificultades para hacer que patronales
respetaran el horario”. (Universindo
Rodríguez - "Los sectores populares" p. 42)
Durante
los primeros meses de 1911, los conservadores esperaban que Batlle se hubiera
moderado y reconocían de Batlle: “... haber terminado en 1904 con la
inseguridad política derivada de los repartos ‘feudales’ de jefaturas políticas
y ostentar una severa probidad en el manejo de los dineros públicos.” (El
Siglo. 1/1/1913)
“El primer acto de gobierno que desilusionó a las clases conservadoras fue la
presentación en las Cámaras, el 26 de abril de 1911, del proyecto de
monopolización de los seguros por parte del Estado. A partir de entonces, se
desato la ofensiva antirreformista.” (Rodríguez, idem. p. 29 tomo 2)
“El
26 de junio de 1911, justo al mes de terminada la huelga general, el Poder
Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de legislación laboral que además de
regularizar el trabajo de los niños y de las mujeres, planteaba como cuestión
medular la jornada de ocho horas de trabajo para fábricas, talleres y comercios.”
(Rodríguez, idem. tomo 2 p. 133)
“Estas huelgas, gestiones y petitorios realizados permitieron que la mayoría de
los gremios obtuvieran las ocho horas (aunque no todos pudieron mantenerlas)
antes que éstas fueran sancionadas definitivamente por el Parlamento, recién en
1915.” (Rodríguez, idem. tomo 2 p. 134-135)